La cadena de farmacias Dr. Ahorro cierra sucursales y despide a un tercio de su plantel en distritos donde ninguna normativa provincial impidió la instalación de cadenas comerciales.
Mientras los trabajadores se movilizan este viernes a la casa central en Chacarita en defensa de sus puestos, en Buenos Aires, en cambio, una ley protegió a las farmacias tradicionales y les impidió hacer pie.
El Dr. Ahorro comenzó a operar en Argentina a fines de 2002. La conjunción del impacto posterior al estallido económico de 2001 y la ley de medicamentos genéricos impulsada por el ministro Ginés González García hacían del país una buena plaza para el grupo mexicano, que ya tenía negocios en Chile.
El modelo del Dr. Ahorro es la competencia por precio, con bajos márgenes y mucho volumen. “En las crisis, a la empresa le va mejor. Por eso cuesta entender qué pasó esta vez”, dice una de las despedidas, una bioquímica que está en la firma casi desde sus inicios.
“Justo cuando la gente iba a volcarse al genérico por falta de dinero, cambiaron la política de precios. Pusieron los genéricos al mismo precio que los de marca”, explica.
Durante varios años, el Dr. Ahorro, una SRL, se fue expandiendo a distintas provincias como Mendoza, Córdoba y Salta y muchos barrios porteños. Todas esas sucursales cerraron sus puertas durante el último mes, tras una prolongada agonía de estanterías vacías.
Para los trabajadores, hay cosas difíciles de explicar, además de la mala performance en un contexto en teoría favorable, que abonan la teoría de un “vaciamiento deliberado”. Por ejemplo, las compras y reposición de medicamentos cada vez menores aún en sucursales con buen nivel de facturación.
“La empresa le debe un millón de dólares de aportes al ANSES, 127 millones de pesos al sindicato, tiene cheques rechazados en casi todos los laboratorios. ¿Dónde está toda esa guita?“, se preguntan, porque la deuda total supera los siete mil millones de pesos.
La situación en Ciudad de Buenos Aires y las demás provincias contrasta con lo que ocurre en territorio bonaerense. El Dr. Ahorro siempre tuvo una presencia mínima en el conurbano, con locales franquiciados, en Villa Adelina (partido de San Isidro) y Morón, debido a que la Ley provincial 10.606 impide a las sociedades de responsabilidad limitada establecer farmacias, a las que define como “servicio de utilidad pública”.
Esa ley data de 1987, cuando el mismo Ginés González García era ministro provincial, y el Colegio de Farmacéuticos participó de su redacción. Establece, entre otras cosas, que debe haber al menos una distancia mínima de 300 metros entre farmacias y una cada tres mil habitantes.
Sin embargo, esa norma estuvo amenazada durante una década, la comprendida entre 2010, cuando la cadena Farmacity, propiedad del exfuncionario macrista Mario Quintana intentó instalar una sucursal en suelo bonaerense, y 2021, cuando la Corte Suprema falló definitivamente a favor de la continuidad de la ley.
Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las mencionadas capitales provinciales, el saldo que deja la retirada del Dr. Ahorro es desempleo por un lado y afectación del derecho a la salud por otro.
La instalación de farmacias pertenecientes a cadenas suele acarrear el fin de las tradicionales, como ocurre con las grandes superficies, super e hipermercados, y los almacenes de barrio. Ahora, con el cierre del Dr. Ahorro, es altamente probable que esas zonas se queden sin farmacia de ningún tipo.
El caso Farmacity
El conflicto comenzó cuando Farmacity quiso abrir un local en Pilar, cerca del kilómetro 50 de la autopista Panamericana, para acompañar el crecimiento demográfico de esa zona de countries y barrios privados de sectores medios altos y altos.
La negativa provincial fue apelada y pasando de una instancia a otra, siempre con el mismo resultado, hasta llegar al tribunal superior, que la resolvió definitivamente en 2021.
Los farmacéuticos, a través de su colegio profesional, reclamaban que Farmacity, además de litigar, ejercía una fuerte presión a funcionarios políticos y judiciales.
Ocurre que el fondo Pegasus, titular de la marca Farmacity, pertenece a Mario Quintana, que durante la presidencia de Mauricio Macri y la gobernación de María Eugenia Vidal, entre 2015 y 2019, fue vicejefe de gabinete nacional, debajo de Marcos Peña.
El argumento de los profesionales, en aquella ocasión, era que las cadenas, como la de Quintana o como el Dr. Ahorro, propiedad de la familia mexicana González Irión, sólo se instalan donde la expectativa de rentabilidad es alta, mientras las farmacias tradicionales no discriminan, por lo que terminan siendo una suerte de competencia desleal.
